En articulación con los objetivos que se estaban trazando para la Política Nacional de Desarrollo Rural (DTO 19/2020), a fines de 2019 los ministerios de Educación y Agricultura convocaron a representantes del mundo público, privado y de la sociedad civil, cuya acción institucional impacta en la educación rural en Chile, con el objetivo de identificar las principales brechas, oportunidades y desafíos en este ámbito y proyectar iniciativas para abordarlos.
En diciembre de 2020, la Mesa Técnica de Educación Rural presentó un documento con 52 propuestas para mejorar la educación rural, titulado “Por un desarrollo Integral y más oportunidades para los habitantes rurales“ 📝. Estas se agruparon en cuatro áreas:
La primera de las 52 propuestas de esta comisión fue “Diseñar, implementar y difundir, por parte del Mineduc, una Política Nacional de Educación Rural igualitaria y sin discriminación de dependencia, y publicar un documento oficial sobre Educación Rural”, generando una institucionalidad ministerial para la Educación Rural que permita una gobernanza que la haga efectiva y pertinente (p. 17). Para posibilitar lo anterior, la segunda propuesta fue “realizar un diagnóstico integral de la Educación Rural”, lo que se cumplió en 2023 con la publicación de los resultados de los “Diálogos para una Política de Educación Rural“.
De esta manera, participativa y transversal, comenzó a concretarse un esfuerzo de Estado que fue precedido por aportes y aprendizajes acumulados desde la década de los noventa. Entre ellos destacan la experiencia del Programa MECE Básica Rural que, a contar de 1992, impulsó importantes transformaciones pedagógicas en las escuelas multigrado y a través de reuniones de microcentros. En diversas orientaciones, boletines técnicos, documentos curriculares y cuadernos de trabajo —resguardados en la Biblioteca Mineduc— se recogen sus reflexiones y aprendizajes.
La Red Territorial de Desarrollo de la Educación Rural (2006) y las propuestas de Política para la Educación en Territorios Rurales (2009; 2014-2018), impulsadas por Javier San Miguel, contribuyeron a consolidar un enfoque territorial de la educación rural, orientado a responder a las particularidades de cada contexto local mediante el fortalecimiento de las redes entre establecimientos, la articulación institucional y la participación comunitaria. También relevaron ámbitos como la inclusión, la interculturalidad, el fortalecimiento de la educación pública, la conectividad y la colaboración entre escuelas. Los diagnósticos, orientaciones y otros documentos técnicos que surgieron de estas iniciativas, contribuyeron a la formulación de la primera Política Nacional de Educación en Territorios Rurales.
