El objetivo general de la Política es garantizar una educación de calidad en territorios rurales, pertinente con las características, necesidades e identidades locales situadas en un contexto interconectado y global, abordando sus desafíos históricos y potenciando sus oportunidades para el desarrollo formativo integral, la continuidad de las trayectorias educativas y la mejora de las condiciones de vida de sus comunidades.
Se establecen como principios la justicia educativa, diversidad, participación, autonomía educativa, sustentabilidad e interculturalidad. De manera transversal, la Política considera los enfoques de derechos, territorial y de género, y se estructura en torno a las dimensiones de gestión institucional, gestión pedagógica y condiciones estructurales, con sus respectivos objetivos estratégicos y ámbitos.
